Prólogo del Ministro Luis María Aguilar Morales
El Código Nacional de Procedimientos Penales busca resolver el confl icto entre el autor del delito y la víctima u ofendido mediante una conciliación o arreglo que comienza por garantizar o pagar la reparación del daño, dejando en un segundo plano a la declaración de culpabilidad; de hecho, un asunto penal puede concluir de forma defi nitiva sin que necesariamente exista un pronunciamiento respecto de la existencia o acreditación del delito. Es necesario entender lo anterior para interpretar las disposiciones del código procesal. Su objetivo es reducir el número de casos que se resuelven mediante un juicio penal, y fomentar el uso de nuevas salidas jurídicas como los criterios de oportunidad que facultan al Ministerio Público a resolver de forma defi nitiva un caso penal desde la etapa de investigación. Ante el juez, también existen salidas alternas que permiten concluir el confl icto de forma defi - nitiva como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso; además del procedimiento abreviado que le permite dictar sentencia condenatoria de manera anticipada, previo acuerdo entre las partes. Sólo como último recurso se llevará a cabo un juicio penal en el que se desahogarán pruebas y se realizará el tradicional estudio para determinar si está acreditado el cuerpo del delito y la responsabilidad penal (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). En la segunda edición se analizan también las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de las cuales destacan la armonización con el texto constitucional del plazo máximo de duración de la prisión preventiva; la instrumentación de medios electrónicos para la presentación de denuncias o querellas en línea, la reparación del daño como derecho irrenunciable; la precisión de los requisitos de procedencia de los acuerdos reparatorios, de la suspensión condicional del proceso y de los supuestos en los que proceden los criterios de oportunidad; así como la modifi cación de los casos en los que el imputado o su defensor pueden incorporar datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. La reforma constitucional en materia penal de 2008, ahora vigente en todo el país, transformó la justicia penal institucionalizando la mediación como una forma más expedita y efi caz de hacer justicia.
