La asistencia jurídica penal entre diversos países ha contribuido a disminuir la brecha de la impunidad. Por un lado, el intercambio de información para la localización, detención y entrega de personas profugas a los estados solicitantes para someterlos a un enjuiciamiento criminal o cumplimiento de una pena impuesta por un delito cometido en su territorio, ha permitido garantizar a las víctimas una eficiente procuración e impartición de justicia.
Por otro lado, las herramientas de cooperación en materia criminal han mejorado la comunicación entre autoridades para afrontar de manera más eficaz la criminalidad transnacional. Por ejemplo, la obtención de pruebas en el extranjero en delitos como el financiamiento al terrorismo, la falsificación de medicamentos y el delito tributario. No obstante, el reto para las jurisdicciones estatales es lograr establecer una flexibilidad normativa interna para la aceptación y tramitación de la información o pruebas solicitadas por una autoridad extranjera, sin que signifique una vulneración a la soberanía.
