La hipótesis e hilo conductor de la presente obra, se desarrolla dentro del contexto que para la evaluación de la labor del juzgador en materia penal oral otorga la operación del sistema acusatorio y oral que en nuestro país se deriva tanto de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del año 2008, como del contenido normativo del Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp), pues se afirma que dado el gran cambio que representa para todos los operadores, transitar de un sistema inquisitivo-mixto hacia otro de corte acusatorio y oral, el perfil del juzgador en materia penal oral no podía quedar ajeno a esta situación, pues dicha figura y bajo la óptica del sistema acusatorio, se transforma igualmente para mostrarse como un funcionario que debe cumplir exigencias distintas a las comúnmente aceptadas, para el adecuado desempeño de la función jurisdiccional. Por ello, dicho funcionario deberá contar con habilidades, destrezas y conocimientos distintos de los que le eran necesarios para desempeñar su actividad dentro del también llamado sistema tradicional de impartición de justicia en materia penal, tales como el control de la audiencia y de las intervenciones de las partes, el manejo adecuado de la argumentación, así como la capacidad para resolver en audiencia y de forma inmediata a las pretensiones de las partes. Asimismo, se acepta que de forma independiente al sistema de procesamiento criminal que se trate, resulta obligada la existencia de criterios que permitan revisar y evaluar posteriormente la actividad jurisdiccional, ya que sólo así se podrá conocer la calidad de la impartición de justicia que se ofrece por los poderes judiciales a la sociedad. No obstante, el cambio del paradigma inquisitivo-mixto de impartición de justicia criminal, hacia el diverso de corte acusatorio, ha provocado la necesidad de establecer criterios o indicadores que permitan evaluar la actividad del juzgador oral, pues los criterios que se utilizaban para evaluar a los jueces tradicionales, no resultan aplicables en su gran mayoría a los funcionarios jurisdiccionales de oralidad en materia penal. Motivo por el cual se determina que el sistema acusatorio y oral, por los principios que lo rigen y por su propia estructura normativa, exige un nuevo perfil del juzgador oral, para una adecuada labor. Por tanto, la presente obra tiene por finalidad establecer los criterios o indicadores que permitan evaluar su labor por parte de los órganos competentes para ello, ya sea por el Consejo de la Judicatura o por cualquier otro órgano equivalente; y de aquellos que de forma general se estima deben caracterizar a todo juzgador oral, así como también, las principales actividades que el juzgador tiene que realizar dentro de las audiencias más comunes que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, de forma enunciativa más no limitativa, pues se reconoce que esta obra es apenas un primer acercamiento al tema que se desarrolla y que, por su propia naturaleza, servirá principalmente como punto de partida para investigaciones más extensas sobre el particular, esto, a grado tal que en un futuro permita crear una batería amplia, detallada y de fácil detección en cuanto a los puntos a revisar para una eficaz labor del juzgador oral en relación a cualquier audiencia que pueda presidir como consecuencia de la aplicación del cnpp. A efecto de lograr lo anterior, en el primer capítulo, se exponen de forma general los principios generales y el marco constitucional que permiten identificar al sistema acusatorio y oral mexicano, pues se desarrolla el significado de conceptos tales como: publicidad, inmediación o contradicción y de igual manera se explican vocablos con asidero constitucional como lo son el auto de vinculación a proceso, el Juez de control, la intervención de comunicaciones o la imposición de medidas cautelares. Ello con el fin de permitir conocer al lector la diferencia existente entre el andamiaje normativo del sistema tradicional al situarlo de frente a otro de corte acusatorio y oral, lo que resulta necesario para establecer que dicho cambio implica no solamente un cambio normativo, sino la necesidad de contar con perfiles diferentes por parte de sus operadores para lograr la mejor operación del sistema. En tanto que en el capítulo segundo, al reconocerse la importancia en general de la evaluación constante para el logro de los objetivos de cualquier actividad, así como de su importancia en lo particular en lo que a la labor del juzgador oral atañe, se desarrollan criterios generales de evaluación para dicho funcionario judicial, pues se procede a bosquejar, diversas habilidades y destrezas que en condiciones idóneas de capacitación debe poseer el juez del sistema acusatorio mexicano. Por último, en el capítulo tercero, se lleva a cabo un análisis de las principales audiencias que conocen los juzgadores bajo la óptica del cnpp, pero realizando tal estudio mediante la explicación de la naturaleza de la audiencia, de su contexto normativo al interior de la legislación procedimental única, así como de las principales actividades que puedan ser objeto de evaluación en relación a la participación del juzgador en las mismas, ello, a efecto de establecer las primeras líneas que posteriormente permitan detallar exhaustivamente los puntos que se puedan revisar en cada audiencia que presida un juzgador en relación a la forma en que éstas son dirigidas por dicho funcionario judicial. Lo que se pretende con la presente obra es lograr centrar la atención del lector, en un tema poco desarrollado dentro de la dinámica del sistema acusatorio, considerándose punto de partida de futuros indicadores que posibiliten evaluar de manera eficaz la labor del juzgador mexicano en materia penal oral.
