La reforma al proceso penal que está operando en nuestro país desde hace algunos años, implicó un cambio cultural de enormes proporciones en nuestra tradición jurídica. Una de las más grandes se relaciona directamente con el papel que cada uno de los operadores e intervinientes ocupa en el proceso. Así, para los fiscales del Ministerio Público su rol implica realizar un esfuerzo de convicción y convencimiento antes los nuevos tribunales. Por otra parte, para los jueces de nuestro país el es desafío emitir un juicio de valor debiendo pronunciarse y explicitar circunstanciadamente cada uno de los supuestos fácticos y argumentaciones jurídicas esgrimidos en estrados por las partes. Esta imposición legal de emitir un juicio de valor adquiere particular importancia en el sistema acusatorio que por sus propias características, impone la tarea de efectuar un detenido análisis del testimonio razonamiento que debe quedar debidamente fundamentado en la sentencia. Así, la justicia se enfrenta a la delicada tarea de emitir un juicio de credibilidad respecto del testimonio. Es aquí, entonces, donde resalta en toda su importancia de las pruebas de certeza jurídica realizadas al testigo o víctima con el propósito de resolver dudas. La experiencia indica que la prueba pericial que analiza el testimonio es un aporte fundamental a la decisión del juez en la medida que provee elementos de convicción que pueden servir de base al pronunciamiento de una sentencia. La participación de los peritos psicólogos, psiquiatras y criminólogos es necesaria para formar convicción. Los procesos judiciales tienen por objeto la búsqueda de la verdad jurídica, en la medida de lo posible, respecto de hechos pasados que podrían revestir características de delito.
